Derecho administrativo

Tienes generalmente 1 mes para recurso de reposición y 2 meses para el contencioso-administrativo.

Sí. El silencio administrativo puede ser positivo o negativo, y permite iniciar acciones legales.

En la mayoría de los casos, el pago implica aceptación. Es importante consultar antes de pagar.

Puedes iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar una indemnización por los daños sufridos.

Es el procedimiento que inicia la Administración para imponerte una sanción. Tienes derecho a presentar alegaciones y pruebas en tu defensa.

El recurso de alzada se presenta ante el órgano superior jerárquico al que dictó la resolución, mientras que el recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano. Ambos sirven para impugnar actos administrativos, pero no pueden presentarse simultáneamente.

Cualquier sanción debe respetar el derecho de audiencia del ciudadano. Si no has sido notificado o no se te permitió alegar, puedes recurrir la sanción administrativa por vulneración de derechos.

Debes iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, demostrando que el daño es efectivo, evaluable económicamente y consecuencia directa del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Puedes recurrir la resolución denegatoria mediante un recurso administrativo o acudir a la vía contencioso-administrativa si la Administración mantiene su negativa. Es clave revisar la convocatoria y los motivos de denegación.

El plazo general para resolver un recurso suele ser de tres meses, salvo que la normativa establezca otro. Si la Administración no responde, opera el silencio administrativo, que puede ser positivo o negativo según el caso.

Sí, si crees que la sanción es injusta, puedes presentar alegaciones o un recurso administrativo dentro del plazo indicado en la notificación, aportando pruebas como fotografías o testigos.

Puedes solicitar la ejecución forzosa de la resolución administrativa favorable o acudir al juzgado contencioso-administrativo si persiste el incumplimiento.

Un acto es nulo de pleno derecho si vulnera derechos fundamentales o se dicta sin competencia. Es anulable si infringe normas no esenciales del procedimiento.

En la fase administrativa no es obligatorio tener abogado, aunque es recomendable. En la vía contencioso-administrativa, la ley exige abogado y procurador.

Es la vía judicial para impugnar actos de la Administración que agoten la vía administrativa. Se utiliza cuando no se resuelve un recurso o la resolución es desfavorable.